Documento de Junta de Castilla y León sobre Promoción Interna al Cuerpo Auxiliar de la Administración de Castilla y León - TEMA 01. El Pdf, material de estudio para oposiciones de Derecho, detalla el procedimiento administrativo común, sus fases de iniciación, ordenación, instrucción y finalización, y la revisión de actos administrativos.
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TEMA 01
Junta de Castilla y León
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eclap Escuela de Administración Pública de Castilla y LeónPromoción Interna al Cuerpo Auxiliar de la Administración de Castilla y León Tema 01 3 de 23
En el artículo 103 de la Constitución Española establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas. Tales derechos deben poder ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares.
En su artículo 105 establece que los actos administrativos deben producirse a través de un procedimiento administrativo: "La ley regulará: El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos". Este mandato debe leerse en el sentido de que toda actividad administrativa, que produzca efectos para los ciudadanos u otros operadores jurídicos, debe realizarse tras seguir un procedimiento administrativo.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, define al procedimiento administrativo como el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración.
El calificativo de "común" nos sugiere que es aplicable a todas las administraciones públicas que existen en el estado Español (Administración General del Estado, administración de las comunidades autónomas y administraciones locales, así como determinados organismos públicos y entidades de derecho público que forman parte del sector público institucional). Así el artículo 149.1.18. ª de la Constitución Española atribuye al Estado, la competencia para regular el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.
Esta potestad atribuida al Estado no obsta a que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su Derecho sustantivo, siempre que se respeten las reglas que, por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de Procedimiento Administrativo Común con carácter básico.
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Lo que pretende este marco general de actuación de las administraciones públicas no es otro que asegurar la igualdad de trato de los ciudadanos por parte de todas ellas.
La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, expresa y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresión democrática de la voluntad popular, y consagra su carácter instrumental, al ponerla al servicio objetivo de los intereses generales.
El procedimiento administrativo es, por tanto, una manifestación del Estado de Derecho y del principio de legalidad o del imperio de la ley. Las Administraciones Publicas, deben manifestar su voluntad, deben adoptar sus acuerdos y resoluciones mediante actos administrativos, tras la realización de los trámites y actuaciones previstas y reguladas en el procedimiento administrativo. Es decir, el procedimiento administrativo se configura como presupuesto, como requisito esencial de validez de los actos administrativos.
La actuación de las Administraciones públicas deberá encauzarse a través de un procedimiento administrativo, el cual viene a servir de garantía de los derechos de los ciudadanos y por otro lado el del propio interés público. El procedimiento administrativo común tiene una naturaleza garantista de los derechos de los ciudadanos. De igual forma muestra el principio de autolimitación de la administración en la medida que debe ajustar su actuación a lo previsto por el ordenamiento jurídico. En este sentido el procedimiento administrativo supone una actuación administrativa ordenada, previsible y sometida a pautas, permite a los ciudadanos conocer y prever cual va a ser el procedimiento que van a seguir sus solicitudes hasta llegar a la Resolución.
Además, la existencia de un procedimiento administrativo como medio o cauce a través del cual se canaliza la expresión de la voluntad de la Administración tiene que hacer efectivos los principios de eficacia administrativa y servicio a los ciudadanos. En este sentido, hay que destacar que el procedimiento debe incorporar decididamente las nuevas tecnologías en lo que se conoce como administración electrónica. Así las leyes que han regulado el procedimiento administrativo, como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dan impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones Publicas.
Los principios informadores del Procedimiento Administrativo Común según el diseño realizado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son consecuencia, tanto de los principios generales que señala la Constitución en su art. 103 para la Administración Pública, como de los derechos que la propia Ley reconoce a las personas e interesados, en sus artículos 13 y 53 respectivamente. Cabe destacar los siguientes:
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También tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso.
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