Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana: Disposiciones Generales

Introducción a la Seguridad Ciudadana

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TEMA Nº 13
GUARDIA CIVIL. BLOQUE I.
TEMA 13. LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA: CAPÍTULO I "DISPOSICIONES GENERALES". CAPITULO II
"DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL" CAPÍTULO III "ACTUACIONES,
CAPITULO IV, POTESTADES ESPECIALES DE POLICÍA ADMINISTRATIVA DE
SEGURIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA". CAPÍTULO V "RÉGIMEN SANCIONADOR.

Concepto de Seguridad Ciudadana

1. INTRODUCCIÓN:
La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y
amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la
ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la
seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de
Derecho. Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al
Estado, pues es apreciable una conciencia social de que sólo éste puede asegurar un ámbito
de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la
eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de
aquellos.

Seguridad Ciudadana en la Constitución Española

La Constitución Española de 1978 (C.E.).
Asumió el concepto de seguridad ciudadana, en su (artículo 104.1): las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Como el de seguridad pública en su (artículo 149.1. 29.ª): Seguridad pública, sin perjuicio
de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se
establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una Ley Orgánica.

Estructura y Derogación de la Ley Orgánica 4/2015

2. ESTRUCTURA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE
LA SEGURIDAD CIUDADANA Y QUE LEY DEROGA:
Esta ley consta de: 54 artículos, estructurados en 5 Capítulos, 7 Disposiciones
Adicionales, 1 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 5 Disposiciones
Finales.
La Ley que queda derogada y anterior ley de seguridad ciudadana es la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
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Capítulo I: Disposiciones Generales de la Ley 4/2015

3. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1. Objeto.

1. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los
   derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico
   de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las
   Leyes.
2. Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de
   actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana,
   mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los
   ciudadanos.

Ámbito de Aplicación de la Ley

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin perjuicio
   de las competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades autónomas en el marco
   de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de la legislación del Estado en materia de
   seguridad pública.
2. En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que
   tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las
   personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la misma
   pueda conllevar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ésta se
   conciba como elemento integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo.
3. Asimismo, esta Ley se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que regulan
   ámbitos concretos de la seguridad publica, como la seguridad aérea, marítima,
   ferroviaria, vial o en los transportes, quedando, en todo caso, salvaguardadas las
   disposiciones referentes a la defensa nacional y la regulación de los estados de alarma,
   excepción y sitio.

Fines de la Ley de Seguridad Ciudadana

Artículo 3. Fines.
Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de
aplicación:

• a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los
  demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico.
• b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
• c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
• d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y
  libertades.
• e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las
  personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
• f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales (bien de interés público) y, en
  general, espacios destinados al uso y disfrute público.
• g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para
  la comunidad.
• h) La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente
  relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta
  naturaleza tipificadas en esta Ley.
• i) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.

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Principios Rectores de la Acción Pública

Artículo 4. Principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la
seguridad ciudadana.

1. El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley a las administraciones
   públicas y, específicamente, a las autoridades y demás órganos competentes en materia de
   seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por
   los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad,
   proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se sometera al control
   administrativo y jurisdiccional. (no está el de congruencia porque no es de seguridad
   ciudadana y si en la 2/86 y en seguridad privada no oportunidad) En particular, las
   disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable
   a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de
   los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad
   sindical y el derecho de huelga.
2. En particular, la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
   está sujeta a los principios básicos de actuación regulados en el artículo 5 de la Ley
   Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3. La actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un
   comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un
   perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y
   libertades individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones
   públicas. Las concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento de la
   seguridad ciudadana se realizarán conforme a lo dispuesto en el capítulo III de esta Ley.

Autoridades y Órganos Competentes

Artículo 5. Autoridades y órganos competentes.

1. Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y
   autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, la
   preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración
   general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras
   administraciones públicas en dicha materia.
2. Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el
   ámbito de la Administración General del Estado:
   a) El Ministro del Interior.
   b) El Secretario de Estado de Seguridad.
   del Ministerio del Interis
   c) Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida
   tal condición, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.
   d) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de
   Ceuta y Melilla.
   e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares.
3. Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de esta Ley, los
   correspondientes de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias
   para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad
   ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio.
4. Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las autoridades locales ejercerán
   las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
   marzo, y la legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas y
   actividades clasificadas

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Cooperación Interadministrativa

Artículo 6. Cooperación interadministrativa.
La Administración General del Estado y las demas administraciones públicas con
competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los
principios de cooperación y lealtad institucional, facilitandose la información de acuerdo
con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus
respectivas atribuciones, y, cuando fuese preciso, coordinando las acciones destinadas a
garantizar el cumplimiento de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Deber de Colaboración

Artículo 7. Deber de colaboración.

1. Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas
   competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con las
   autoridades y órganos a que se refiere el artículo 5, y prestarles el auxilio que sea
   posible y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el artículo 3.
   Cuando, por razón de su cargo, tengan conocimiento de hechos que perturben gravemente la
   seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda inferirse que pueden producir una
   perturbación grave, estarán obligados a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la
   autoridad competente.
2. Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
   Seguridad podrán recabar de los particulares su ayuda y colaboración en la medida
   necesaria para el cumplimiento de los fines previstos en esta Ley, especialmente en los
   casos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, siempre que ello no implique
   riesgo personal para los mismos. Quienes sufran daños y perjuicios por estas causas serán
   indemnizados de acuerdo con las leyes.
3. Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el
   personal de seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y
   Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles la colaboración que
   precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos en la normativa de seguridad
   privada.
4. El personal que realice funciones de policía administrativa tendrá el especial deber de
   colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de esta Ley.
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   regn de los Fines previstos en el articulo 8 de eg
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Capítulo II: Documentación e Identificación Personal

Acreditación de la Identidad de Ciudadanos Españoles

4. CAPÍTULO II. DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
Artículo 8. Acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles.

1. Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad.
   El Documento Nacional de Identidad es un documento público y oficial y tendrá la protección
   que a estos otorgan las leyes. Es el único documento con suficiente valor por sí solo para
   la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.
2. En el Documento Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular, así
   como los datos personales que se determinen reglamentariamente, que respetarán el derecho
   a la intimidad de la persona, sin que, en ningún caso, puedan ser relativos a la raza, etnia,
   religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual, o afiliación
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