Indice Tema 2: La transicion espanola a la democracia y sus gobiernos

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Índice Tema 2

1. La transición española a la democracia
   1. El gobierno de Arias-Navarro (noviembre de 1975-julio de 1976): la reforma Arias- Fraga
   2. El gobierno Suárez (julio de 1976-junio de 1977). El proyecto reformista del gobierno de Adolfo Suárez: la «Ley para la Reforma Política»
   3. El segundo gobierno de Adolfo Suárez (1977-1979): la construcción del sistema demo- crático
2. El consenso constitucional de 1978
3. La consolidación democrática
   1. Tercer gobierno de Suárez (1979-1981)
   2. La descomposición de UCD y la dimisión de Suárez
   3. El gobierno de Calvo Sotelo (1981-1982): desintegración de UCD, crisis del PCE y as- censo del PSOE
   4. El primer gobierno socialista de Felipe González (1982-1986)
      1. La política militar: el fin de la amenaza golpista
      2. La finalización del Estado de las autonomías
      3. La integración en la Comunidad Europea y la permanencia en la OTAN

Noviembre 2018

Índice Tema 21 CEF

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Tema 2

La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. La consolidación democrática

1. La Transición Española a la Democracia

Tras la muerte del general Franco, el 22 de noviembre de 1975, el príncipe de España Juan Carlos de Borbón, designado en julio de 1969 por el Caudillo como su sucesor «a título de rey», fue procla- mado con el título de Juan Carlos I ante las Cortes franquistas.

Por otro lado fue ratificado en el cargo de presidente del gobierno Carlos Arias Navarro En el nuevo gobierno aparecían figuras del «reformismo» franquista como Manuel Fraga Iribarne, José María de Areilza y Antonio Garrigues y Díaz Cañabate. También participaban en este gobierno otros «reformistas» franquistas procedentes de las «familias» católica (Alfonso Osorio) y falangista (los «reformistas azules», Adolfo Suárez y Rodolfo Martin Villa). En realidad los miembros del gobierno le fueron impuestos a Arias Navarro por el rey, y en el caso de Suárez había sido una sugerencia de Fernández Miranda.

1.1. El Gobierno de Arias-Navarro (Noviembre de 1975-Julio de 1976): La Re- forma Arias-Fraga

Arias Navarro carecía de un plan de reforma del régimen franquista -en el Consejo Nacional del Movimiento llegó a declarar que en realidad el propósito de su gobierno era la continuidad del fran- quismo a través de una «democracia a la española»- por lo que su gobierno adoptó el que le presentó Fraga Iribarne -descartando la propuesta de Antonio Garrigues de convocar elecciones a Cortes Cons- tituyentes -. El proyecto de Fraga consistía en alcanzar una democracia «liberal» que fuera homologa- ble con la del resto de países europeos occidentales a partir de un proceso gradual y controlado desde el poder de cambios paulatinos de las «leyes fundamentales» franquistas.

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El proyecto se concretó en la reforma de tres leyes fundamentales, cuyos cambios debían ser exa- minados por una comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional del Movimiento -propuesta por Fernán- dez Miranda y Suárez-, y de las Leyes de Reunión y de Asociación, que incluía también la modifica- ción del Código Penal. La nueva Ley de Reunión fue aprobada por las Cortes franquistas el 25 de ma- yo de 1976 -en ella se establecía que las manifestaciones en la calle debían contar con la autorización del gobierno- y también la de Asociaciones Políticas, pero la reforma encalló cuando el 11 de junio de 1975 las Cortes rechazaron la modificación del Código Penal.

A principios de junio de 1976 el rey visitó Estados Unidos y en su discurso ante el Congreso, de cuyo contenido exacto no tuvo conocimiento Arias Navarro, ratificó su compromiso para dotar a Es- paña de una democracia plena. Juan Carlos anunció la voluntad de la Corona de «asegurar el acceso al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo español libremente expre- sados».

Por esas mismas fechas Arias Navarro había realizado una declaraciones por televisión en las que había vertido duros ataques a la oposición democrática, mientras sus relaciones con el rey se habían deteriorado.

( El nombramiento de Suárez causó un enorme desconcierto y decepción entre la oposición demo- crática y los círculos diplomáticos, así como en las redacciones de los periódicos.

1.2. El Gobierno Suárez (Julio de 1976-Junio de 1977). El Proyecto Reformista del Gobierno de Adolfo Suárez: La «Ley para la Reforma Política»

Adolfo Suárez formó un gobierno de jóvenes «reformistas» franquistas, en el que no incluyó a ninguna figura prominente -Fraga y Areilza, se negaron a participar-, pero que no carecía de expe- riencia política -. El peso mayor lo tenían los «reformistas» democristianos (Alfonso Osorio, Marce- lino Oreja, Landelino Lavilla, Leopoldo Calvo Sotelo ... ) seguidos de los «reformistas del régimen franquista» como el propio Suárez y Rodolfo Martin Villa o Fernando Abril Martorell. Solo uno de los miembros del gabinete, el almirante Pita da Veiga, había sido ministro con Franco.

Según el historiador Javier Tusell el proyecto de ley de la reforma política fue redactado conjun- tamente por el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, el vicepresidente del gobierno Alfonso Osorio y el ministro de Justicia Landelino Lavilla, y del mismo hubo varios borradores.

( El proyecto era muy sencillo. Se creaban unas nuevas Cortes, formadas por dos cámaras, el Con- greso de Diputados y el Senado, compuestas de 350 y 204 miembros, respectivamente, elegidas por sufragio universal, excepto los senadores designados por el rey. Así pues, «lo fundamental de Ley de Reforma Política era la convocatoria de elecciones y la configuración de un marco institucional míni- mo para realizarlas». Pero al mismo tiempo quedaban abolidas implícitamente todas las instituciones establecidas en las «leyes fundamentales» que no fueran esas Cortes, es decir, todas las instituciones franquistas sin excepción -el Consejo Nacional del Movimiento y el Movimiento mismo, las Cor- tes establecidas en la ley de 1942, el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia de la ley de 1967, etc .- , por lo que la ley de reforma lo que hacía en realidad era liquidar lo que pretendía reformar. En el preámbulo de la ley al basar la legitimidad en el sufragio universal se introducía una especie «auto- rruptura» -expresión acuñada por Javier Tusell- con las instituciones franquistas. En el articulado de esta «octava ley fundamental del franquismo», se proponía un cambio sustancial del régimen político aunque sin cuestionar la forma de gobierno, pues no se hacía alusión a la Monarquía.

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(Pero lo que Suárez tenía que conseguir era mucho más difícil: que las Cortes franquistas se «sui- cidaran» y votaran a favor de una ley que suponía su desaparición y la del propio régimen para dar paso a la democracia. Además debería salvar otros muchos obstáculos: convencer a la cúpula militar de la necesidad de la reforma; desalojar de las posiciones de poder a los franquistas inmovilistas; con- vencer a la oposición democrática de la bondad de la misma y conseguir que participara en el proceso para legitimarlo, tanto interna como internacionalmente.

El nuevo talante del gobierno y sobre todo de su presidente cambió el clima político superándose la crispación que se había vivido durante las últimas semanas del gobierno de Arias Navarro. En se- guida se produjeron los primeros contactos con los partidos de la oposición democrática e incluso, de forma discreta y a través de personas interpuestas, con Santiago Carrillo, el secretario general del PCE. Fruto de los mismos, y de la promesa hecha en su primera declaración, fue la concesión de una amnis- tía el 31 de julio de 1976, pero que no fue completa pues se excluyeron los «delitos de sangre» por lo que aún permanecieron en las cárceles muchos «presos vascos» presuntos miembros de ETA. La am- nistía incluyó a los profesores que habían perdido sus puestos en la universidad por haber apoyado las protestas estudiantiles de mediados de los años sesenta. Sin embargo, el reconocimiento del derecho de reunión y de manifestación aún siguió concediendo una amplia discrecionalidad a las autoridades a la hora de autorizar o no una manifestación.

El obstáculo que más preocupaba al gobierno para sacar adelante la «reforma política» no era lo que pudiera decir la oposición democrática, sino el Ejército que se consideraba el garante último del «legado de Franco». El 8 de septiembre de 1976, Adolfo Suárez se reunió con la cúpula militar para convencer a los altos mandos de la necesidad de la reforma. En esa reunión se habló de los límites que nunca se traspasarían: no se cuestionaría ni la Monarquía ni la «unidad de España»; no se exigirían responsabilidades por lo acontecido durante la dictadura franquista; no se formaría ningún gobierno provisional que abriera un proceso constituyente; no se legalizarían los partidos «revolucionarios» -en este punto los militares incluían al Partido Comunista. Una vez clarificados los límites, los recelos del Ejército quedaron disipados y Suárez obtuvo el visto bueno para el proceso que iba a emprender.

El proyecto de Ley para la Reforma Política se comenzó a discutir en las Cortes franquistas el 14 de noviembre de 1976, 2 días después de la huelga general convocada por la oposición democrática. Sometido a votación el 18 de noviembre el gobierno Suárez obtuvo un éxito resonante al ser aprobado por 435 procuradores, mientas solo 59 se opusieron, 13 se abstuvieron y 24 no fueron a votar. Para conseguir ese resultado el gobierno se empleó a fondo, contando además con la colaboración inestima- ble del presidente de las Cortes, Fernández Miranda: la ley se tramitó por el procedimiento de urgencia lo que limitó los debates y la votación final no fue secreta.

Una vez aprobada por las Cortes, el gobierno convocó un referéndum para el día 15 de diciembre de 1976 sobre la Ley para la Reforma Política. El resultado fue una victoria contundente del SI con el 94,2% de los votos. El NO solo consiguió el respaldo del 2,6% de los votantes y hubo un 3% de votos en blanco. Se abstuvo un 22,3 % del censo.

La última semana del mes de enero de 1977 -la semana trágica de la transición o los 7 días de enero- fue el momento más delicado de la transición antes de las elecciones. Pistoleros «ultras» irrum- pieron en el despacho de unos abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras» y al Partido Comunista, sito en la calle de Atocha de Madrid, y pusieron contra la pared a 8 de ellos y a 1 conserje, disparando a continuación. 5 miembros del bufete murieron en el acto y otros 4 fueron gravemente heridos. Pero la Matanza de Atocha de Enero de 1977 no consiguió su objetivo de crear un clima que evocara la guerra civil sino que por el contrario levantó una ola de solidaridad con el Partido Comunis- ta, que congregó en la calle a una multitud ordenada y silenciosa para asistir al entierro de los militan- tes comunistas asesinados. El Ejército, por tanto, no tuvo ningún motivo para intervenir y ni siquiera el gobierno decretó el estado de excepción, como pretendía la extrema derecha.

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