Documento de Universidad sobre Regímenes Jurídicos de los Extranjeros en España. El Pdf, un material de Derecho para Universidad, aborda la libre circulación, protección internacional y régimen de extranjería, incluyendo el estatus de refugiado y apátrida.
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La situación jurídica de las personas extranjeras en España no es homogénea en la regu- lación de la entrada, permanencia, goce de algunos derechos, salida y expulsión del terri- torio español. Además, debemos tener en cuenta que, con fecha de 31 de enero de 2020, se produjo la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, lo que conduce a tener que adaptar las diferentes posibilidades de documentación de los nacionales del Reino Unido y de sus familiares. Por ello es necesario exponer los distintos regímenes jurídicos de los extranjeros en España.
Los ciudadanos de la UE gozan de libre circulación de personas, junto con los nacionales de los Estados pertenecientes al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo 1CE-EEE) y del Acuerdo con Suiza (Acuerdo CE-Suiza). Tras la transposición de las Di- rectivas relativas a la libre circulación de personas y el resto de normativas europeas en este ámbito, el RD 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de la UE y otros Estados parte en el Acuerdo EEE y Acuerdo CE-Suiza se determinan para ellos los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, resi- dencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España, así como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de orden público, seguridad pública o salud pú- blica. Asimismo, los familiares de unos, de otros y de los españoles, con independencia de sus nacionalidades, son destinatarios del denominado régimen comunitario.
Tienen la condición de miembro de la familia el cónyuge de derecho, la pareja registrada con ciertos requisitos, los hijos del titular del derecho de libre circulación o de su cónyuge menores de 21 años o mayores de esa edad que vivan a sus expensas y los ascendientes directos de aquel o de su cónyuge que vivan a sus expensas, bien sean nacionales de la UE, bien sean nacionales de un tercer Estado (RD 240/2007 art. 2). La familia extensa distinta de los anteriores y la pareja de hecho también son beneficiarios conforme los requisitos del art. 2 bis RD 240/2007.
Asimismo, a los familiares de españoles que sean nacionales de terceros Estados, si cum- plen los requisitos, se les aplica el RD 240/2007. El trato de estos familiares de español va a ser el mismo que los que se otorgan a los de un francés, italiano, griego, entre otros, cuando estos comunitarios residan en España.
Los familiares de españoles que posean la nacionalidad de terceros Estados que se en- cuentren en España pueden acogerse a la vía de la autorización de residencia por circuns- tancias excepcionales por arraigo familiar del RD 557/2011 art.124.3.b.
El régimen jurídico de las personas que se encuentran fuera de sus países y están necesi- tadas de protección internacional se compone de un cuerpo abundante de normativa in- ternacional, europea y española, lo que dificulta al operador jurídico a la hora de deter- minar la legislación aplicable a cada caso.
Además de los Reglamentos y Directivas de la UE correspondientes, la normativa vigente española que hay que tener presente es la siguiente:
Los extranjeros necesitados de protección internacional son los que no deben ser devuel- tos ni expulsados al país de donde proceden y que tienen derecho a que sean adoptadas las medidas contempladas en los Convenios internacionales ratificados por España, en la UE y en la normativa española mientras subsistan las circunstancias por las que se precisa la protección. De esta manera, pueden solicitar:
La Convención de Ginebra de 1951, en su art.1, define a la persona que puede ser bene- ficiaria del estatuto de refugiado (ver también L 12/2009 art. 36.1.c; LO 4/2000 art.32.3 bis y 34.3; RD 557/2011 art.148.3.f). Particularmente, el solicitante de refugio debe acre- ditar que se tiene temores fundados para volver al país de origen por ser perseguido de- bido a algunos de los motivos contemplados en la Convención de Ginebra: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. El art.7.1.e de la L 12/2009 amplía a los beneficiarios del derecho de asilo por motivo género u orien- tación sexual en función de las circunstancias imperantes en el país de origen.
Los efectos de la concesión del estatuto de refugiado al extranjero consisten en el otorga- miento de un régimen jurídico particular que repercute, principalmente, en la concesión de:
También tienen derecho a residir y trabajar los familiares del refugiado a quienes se haya reconocido la extensión familiar del asilo.
En España, el derecho a la protección subsidiaria (L 12/2009 art.10) es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que no reúnen los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas o apátridas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir:
El Ministerio del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, es el encargado de autorizar la permanencia en España en esas circunstancias, donde queda prevista una autorización de residencia de larga duración.
La situación de apátrida se refiere a la carencia de vínculo jurídico de una persona con un Estado (sin nacionalidad). El fenómeno ha sido muy usual bien por causas provocadas por los conflictos bélicos internacionales como por el juego de las disposiciones de los ordenamientos jurídicos sobre nacionalidad que producen conflictos negativos dejando a las personas sin vínculo con un Estado, como por ejemplo, cuando el padre cambia de nacionalidad sin que la mujer o los hijos menores adquieran la nueva y además pierdan la antigua. El apátrida, al carecer de nacionalidad, no puede disfrutar de los derechos y obligaciones de los extranjeros, como no utilizar la protección diplomática, carecer de pasaporte y puede ser expulsado de un Estado con mayor facilidad que otro extran- jero. Por estas razones, el Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas hecho en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 regula la prevención de la apatridia y le ofrece una si- tuación similar a los extranjeros que residen en un Estado, al mismo tiempo que le pro- porciona documentos de identidad y de viaje.
En el Derecho español, el RD 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Regla- mento de reconocimiento del estatuto de apátrida origina que se desarrolle especialmente la protección de estos extranjeros a través de la LO 4/2000 art. 34 y el RD 557/2011 art. 148.3.f para poder otórgale la autorización de residencia de larga duración, que permite residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles e, incluso, reagrupar a su familia.
La protección temporal es un régimen transitorio de protección otorgado por España du- rante un periodo de tiempo para aquellas personas desplazadas que llegan masivamente a nuestro territorio porque han sido evacuadas o se han visto forzadas a abandonar su país de origen o de residencia habitual por las siguientes causas:
Ver RD 1325/2003 art.1 y 2; Dir CE/55/2001.
Estos extranjeros no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la si- tuación existente en ese país y pueden caer, eventualmente, en la categoría de refugiado o de protección subsidiaria, pero, debido a la afluencia masiva, es difícil tramitar en tiempo la solicitud. Cuando se le reconoce esta protección, se les concede autorización de residencia temporal en atención a las circunstancias excepcionales (LO 4/2000 art.34; RD 557/2011 art.125) y se les autoriza a trabajar sin tener en cuenta la situación nacional de empleo (LO 4/2000 art.40).
A consecuencia de la invasión militar en Ucrania, la UE decidió activar, desde 24-2-2022, la Dir CE/55/2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de la protección tem- poral en caso de afluencia masiva de personas desplazadas (Decisión de Ejecución (UE) 2022/382).
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