Documento de Universidad sobre Tema 5. El Pdf aborda la modernización demográfica española en el siglo XIX, el éxodo rural, la urbanización y la emigración transoceánica. También explora el comercio exterior, los aranceles y la reforma fiscal, incluyendo el endeudamiento y la modernización del sistema monetario y bancario.
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1. La modernización demográfica del siglo XIX A lo largo del siglo XIX, la población española aumentó e inició su transición hacia un modelo demográfico moderno. El incremento de la producción agrícola permitió alimentar a una población en crecimiento. Sin embargo, el limitado desarrollo industrial y su concentración geográfica frenaron la urbanización y el descenso de la población activa agraria.
La población española pasó de 10,5 millones en 1797 a 15,6 en 1860 y a 18,6 en 1900, unas cifras que suponen un aumento superior al 75%. La tasa de crecimiento fue mayor en la primera mitad del siglo (0,63% anual) y se redujo en la segunda (0,43%). El factor decisivo de la modernización demográfica fue el lento descenso de la mortalidad, vinculado con la mejora de la dieta y la expansión de determinados cultivos como el maíz y la patata. Sin embargo, el crecimiento demográfico español fue menor y más lento que el de buena parte de países europeos debido al mantenimiento de elevadas tasas de natalidad y de mortalidad. La mortalidad alta se explica por las precarias condiciones sanitarias (escasez de profesionales de la medicina en zonas rurales), las continuas guerras, las crisis de subsistencia (12 en todo el siglo), las epidemias, especialmente las de cólera o tuberculosis, y una abultada mortalidad infantil. La esperanza de vida en 1900 era de tan solo 34,8 años, cuando en Francia, Gran Bretaña o Suecia superan los 45. La elevada natalidad fue el resultado del papel de los hijos como fuerza de trabajo, que aportaba ingresos a la unidad familiar en el marco de una sociedad agraria. Todas estas magnitudes explican que hasta bien avanzado el siglo XIX la población española no logra estabilizar la tendencia de crecimiento sostenido y transitar hacia la modernización demográfica hasta el primer tercio del siglo XX (pasó de 19 a 23,5 millones de habitantes entre 1900 y 1930). Durante el siglo XIX, y siguiendo la tendencia iniciada el siglo anterior, continuó aumentando el peso demográfico de la periferia, mientras la España interior tuvo un aumento bastante más limitado, a excepción de Madrid. De este modo, entre mediados y finales de siglo, el crecimiento de Cataluña, Valencia, Murcia, Canarias y el País Vasco fue mucho mayor que el de Aragón, La Rioja, las dos Castillas y Navarra.
La abolición del régimen señorial, el impacto de la reforma agraria liberal en el campo, la mejora de los transportes y las expectativas de mejora social en las ciudades incrementaron los movimientos del campo a la ciudad, del interior a los núcleos industriales. Las capitales de provincia pasaron de albergar menos del 10% de la población en 1836 al 16,6% en 1900. Cataluña y País Vasco se convirtieron en demandantes de trabajadores industriales, aunque el factor determinante era la necesidad de abandonar la miseria rural. Madrid, también, atraía población por su papel de centro político y administrativo. El crecimiento de algunas ciudades obligó a demoler las murallas medievales y a programar su ampliación con planes de reforma urbana (ensanches). La transformación urbana comportó la apertura de avenidas, la construcción de estaciones de ferrocarril, el alumbrado público de gas y la construcción del alcantarillado. La concentración de población dio lugar a un nuevo estilo constructivo, con edificios más altos y distribuidos en viviendas de diferentes categorías. A pesar de la creciente urbanización, a inicios del siglo XX, la mayoría de la población española continuaba siendo rural y un 70% residía en núcleos de menos de 20000 habitantes. El resultado de esta irregular distribución de la población fue un dualismo muy acentuado entre campo y ciudad, que dio origen a numerosas tensiones políticas y sociales.
El otro movimiento migratorio destacado fue la emigración transoceánica hacia América, que se convirtió en uno de los fenómenos sociodemográficos más relevantes del siglo XIX. Durante la primera mitad del XIX, las leyes migratorias limitaron las salidas a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, intentando evitar la pérdida de capital humano y jóvenes en edad militar. Sin embargo, la apertura de relaciones diplomáticas con las nuevas repúblicas americanas y los informes consulares sobre las condiciones infrahumanas en que se desenvuelve la emigración clandestina conllevaron su regulación en sucesivas normativas (1853, 1865 y 1873). Entre las causas del fenómeno migratorio a ultramar debe destacarse el desequilibrio entre el aumento de la población y las escasas oportunidades de empleo. Los focos de emigración más importantes fueron Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias, zonas con escasez de tierra y de puestos de trabajo. También Cataluña proporcionó un importante contingente migratorio hacia Cuba, atraído por las relaciones de los comerciantes catalanes en el área caribeña. Los principales destinos en América fueron Argentina, México, Venezuela, Cuba y Brasil. Desde mediados del siglo se registra también una emigración temporal y anual tipo "golondrina" hacia el Norte de África (Argelia y Túnez).
2. La insuficiente transformación de la agricultura
Como ya has visto con anterioridad, en la primera mitad del siglo XIX se produjo la reforma agraria liberal con el objeto se libera la torá de las formas que ponía el Antiguo Régimen al desarrollo de la propiedad privada. Las principales medidas fueron: abolición de los señoríos, desvinculación de la propiedad feudal y desamortización de las tierras de la Iglesia y de los ayuntamientos. Este marco legal se completó con la libertad de los propietarios para disponer de sus tierras y sus frutos mediante leyes de cercamiento, el fin del privilegio del paso del ganado y la libertad de arrendamientos. Las reformas transformaron la tierra en una mercancía que podía ser vendida y comprada libremente. Sin embargo, buena parte de la nobleza transformó sus antiguos señoríos en propiedades. Pese a que muchos campesinos pleitearon para acceder a la propiedad de las tierras que cultivaban, los tribunales fallaron sistemáticamente a favor de la nobleza. Por ello, muchos campesinos se convirtieron en arrendatarios con contratos más inestables a corto plazo o en jornaleros con salarios determinados por el nuevo mercado de trabajo. Los ingresos obtenidos por el Estado con la venta de los declarados bienes nacionales paliaron a corto plazo el déficit de la Hacienda Pública española. Sin embargo, los efectos positivos de poner en el mercado una considerable proporción de tierra y ponerla en manos de propietarios más activos no logró con inmediatez los efectos esperados. Gran parte de los nuevos propietarios estaban más interesados en obtener beneficios rápidos y rentas seguras que en invertir en la tierra y modernizar las explotaciones agrarias. Asimismo, desde 1855, tras la desamortización de las tierras comunales, muchos pueblos se vieron privados de las propiedades comunales que servían para otorgar tierras a los más pobres o para aprovechar los recursos de los montes y los pastos, y ello endureció las condiciones de vida del campesinado. En el Sur de España, la reforma agraria favoreció la concentración de la propiedad en manos de los antiguos propietarios y de los nuevos compradores (la incipiente burguesía) y no supuso una redistribución de la tierra entre los campesinos. Liberales progresistas, demócratas y republicanos reivindican un reparto más justo de la tierra. Además, el "hambre de tierras" explica por qué muchas revueltas agrarias ocupaban tierras y las repartían entre el campesinado.
La consecuencia más importante de la reforma agraria liberal fue el aumento de la roturación de tierras hasta entonces incultas: la superficie agraria aumentó en 6 millones de hectáreas en los primeros sesenta años del siglo XIX. La mayor expansión se produjo en los cereales (80% del suelo agrícola en 1860). El aumento de la producción permitió prescindir de las importaciones, salvo en ocasiones excepcionales de carestía, y favoreció el crecimiento de la población. Aumentó especialmente la producción de trigo, pero también la de cebada y de maíz. La producción vitivinícola se vio favorecida por la incidencia de la filoxera en Francia, y se convirtió en una de las principales actividades exportadoras. También mejoró la venta del aceite de oliva andaluz en los mercados internacionales y aumentó el cultivo de la naranja en el litoral levantino, debido al aumento de la demanda en Francia y Gran Bretaña.La ganadería ovina y, sobre todo, la lanar sufrieron un retroceso por el descenso de las exportaciones de lana, la supresión de los privilegios de la Mesta y las nuevas roturaciones, mientras que la cabaña porcina aumentó. El incremento de la producción no estuvo acompañado por el de los rendimientos, sino que fue el resultado del crecimiento de la superficie cultivada y no de una modernización de las técnicas de cultivo, que estaban atrasadas con respecto a las de los países europeos más avanzados. Ello no significaba que el sector agrario español permaneciera estancado, pero la mejora de la productividad requería mejoras tecnológicas que no tomaron impulso hasta la segunda mitad del siglo, motivadas por el alza de precios y una cierta rentabilidad garantizada mediante el proteccionismo. Otro elemento clave del atraso agrícola puede atribuirse a factores vinculados al marco natural como la orografía, la cantidad de suelo cultivable, la escasez hídrica y la distinta pluviosidad según las zonas.
La estructura de la propiedad constituye un aspecto esencial para explicar las limitaciones técnicas del campo español:
. En el otro, la gran propiedad (latifundio), predominante en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, que tampoco ayudó a mejorar la productividad. La mayoría de los grandes propietarios no estaban interesados en invertir para cultivar mejor, sino en obtener beneficios facilmente. Esta situación frenó la innovación agrícola y sumió al campesinado sin tierra a unas condiciones cercanas a la subsistencia.
3. Los inicios de la industrialización: textil y siderurgia En la España del siglo XIX, el proceso de industrialización sufrió un atraso relativo con respecto a los países que lideraron la Revolución Industrial. Sin embargo, y a pesar de que la economía española seguía siendo fundamentalmente agraria, algunas zonas de la Península comenzaron el camino hacia la industria moderna, que se inició con el sector textil en Cataluña y se consolidó con la siderurgia vizcaína.
El despegue de la industria algodonera en Cataluña debe relacionarse con los cambios efectuados en el siglo XVIII. La existencia previa de una manufactura dedicada a la producción de indias, con presencia de empresarios dispuestos a invertir y de capitales procedentes de la agricultura y el comercio americano, facilitó el tránsito hacia una economía industrial. La expansión de la moderna industria algodonera se realizó en varias etapas: